JUCO-Bogotá RHGA
Comisión Política
El presente es un documento de aporte al proceso del II Festival Distrital de la Juventud, en uno de sus ejes de discusión: derechos sociales de los jóvenes. Con tal motivo, se realizará un diagnóstico de la situación de este sector poblacional en la capital del país, seguido de un análisis de las apuestas que tiene la actual alcaldía para impactar dicha realidad, desde lo postulado en su Plan de Desarrollo: “Bogotá mejor para todos” 2016-2020. A nivel general, se evidenciará lo difícil que implica ser joven en Bogotá, lo improcedente del enfoque neoliberal y mercantil para solucionar dicha situación, y la necesidad de configurar la ciudad como derecho en correspondencia con la posibilidad de edificar un orden social en paz para nuestro país y el conjunto de su población, en especial para los jóvenes en Bogotá.
Situación de los jóvenes en Bogotá
Según el Estudio de Juventud 2014, que mide la percepción de los jóvenes sobre diferentes aspectos de cómo transcurre sus vidas en la capital del país, se debe empezar por exponer que los jóvenes (14 a 28 años de edad) en Bogotá representan el 24,9% del total de la población, es decir que son 1.956.042 de los 7.776.845 habitantes que tiene Bogotá. La dura situación económica que enfrentan indica que el 51,3% de esos jóvenes viven en estratos 1, 2 y 3 (solo el 13,5% en estratos 5 y 6), y que el 41,7% del total dependen económicamente de sí mismos para vivir. Así las cosas, se tiene que actualmente el 32,3% de los jóvenes se encuentra solamente estudiando, y el 46,7% de jóvenes está trabajando, recibiendo de estos últimos indignamente en un 44%, menos de un salario mínimo como remuneración. Se adiciona que de estos jóvenes que están laborando, alrededor del 83% trabajan 5, 6 o 7 días a la semana.
Es decir que aparte de que una de las posibilidades mayoritarias para que los jóvenes desarrollen su vida es la de vincularse productivamente a la sociedad desde muy temprano, estos, además de que se encuentran indignamente remunerados golpeando con ello la calidad de vida que pueden garantizarse, cuentan con poco tiempo semanalmente para realizar otro tipo de actividades más allá de su trabajo.
Pese a que alrededor del 55% de los jóvenes creen que van a obtener (y les gustaría obtener) un nivel educativo universitario y de especialización, la desfavorable realidad es que, aunque el 49,7% están actualmente vinculados a la educación formal y el 49,9% no lo están; solo el 16,9% llegan a la universidad y el 15,2% a un nivel técnico o tecnológico. Pero si bien logran ingresar a la educación superior, del total de los jóvenes apenas se gradúan el 9,8% en el nivel técnico, el 5,4% en el tecnológico, el 5,0% en el universitario y el 0,8% en el de especialización. Siendo el máximo nivel educativo alcanzado por la mayoría de los jóvenes bogotanos (61,3%) el de básica secundaria y media.
La principal razón de la vergonzosa situación educativa referida, y por la que los jóvenes no estudian o no siguen estudiando, se debe principalmente a los costos educativos elevados o la falta de dinero en un 25,7%, a que necesitan trabajar o están buscando trabajo en un 18,1%, o a que faltan cupos en un 4,6%. Se puede concluir así, que la ausencia de educación se debe, en gran parte, a la falta de recursos y garantías para que los jóvenes puedan estudiar, oponiéndose radicalmente esta materialidad a los deseos expresados por ellos sobre este asunto.
En materia de salud tenemos que los jóvenes en su gran mayoría (88,4%) se encuentran afiliados a alguna entidad de seguridad social en salud y un 11,6% no lo está, perteneciendo el 24,2% de los jóvenes en total al régimen subsidiado. La principal razón por la cual dichos jóvenes no están cubiertos por una entidad de seguridad social en salud es la falta de dinero (21,4%) y el no estar vinculados laboralmente (15,3%). Las duras condiciones laborales que incluyen la flexibilización laboral y el desempleo, hacen que cuando los jóvenes llegan a los 25 años, varios en términos de salud expresen un limbo que los hace vulnerables también en esta materia, sumándose a la lista de derechos que no se garantizan y hacen difícil el ser joven en una ciudad como Bogotá.
Finalmente, se añade a lo anterior que, no obstante de que los jóvenes ostentan una percepción con tendencia positiva frente a su hábitat barrial, sienten que los espacios públicos son más peligrosos que los privados, siendo el transporte público (54,7%) y el barrio (40,8%) los primeros en el tema. Por esta misma vía, el 67,4% considera que su derecho a la vida está desprotegido o muy desprotegido, y además señalan que los robos, atracos y otros delitos son las situaciones que más los ponen en riesgo en sus barrios.
La “Bogotá mejor para todos” y los jóvenes
Enrique Peñalosa fue elegido alcalde mayor de Bogotá para el período 2016-2020, y su gobierno (“Bogotá mejor para todos”), según el Plan, apuesta por propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, reorientando el desenvolvimiento de la capital para que esta se trasforme en un escenario que incremente el bienestar y la confianza de sus habitantes. Lo anterior con tal de conseguir, desde su óptica, una igualdad de calidad de vida, y que se fomente la democracia urbana así como la construcción de comunidad y cultura ciudadana.
Con dicha perspectiva, se plantean programas a implementar en el ejercicio de gobierno, ligados a 3 pilares: 1. Igualdad de calidad de vida; 2. Democracia Urbana; y 3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana. Y ligados a 4 ejes transversales: 1. Nuevo ordenamiento territorial; 2. Calidad de vida urbana que promueve el desarrollo económico basado en el conocimiento; 3. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética y el crecimiento compacto de la ciudad; y 4. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. Sin embargo, cabe advertir que en general, el Plan de Desarrollo distrital no tiene una sección específica dedicada al desarrollo de los jóvenes en la ciudad con sus respectivos programas, ni nada que sugiera su realización, por lo que su tratamiento como sector poblacional es marginal, donde solo se liga directa y explícitamente a ellos algunas iniciativas puntuales.
Según el enfoque de gobierno aprobado por el Concejo de la ciudad, la actual alcaldía busca trascender la visión asistencialista a partir del fortalecimiento de las capacidades de las personas y el aumento de oportunidades, para la garantía y goce de derechos, con el ejercicio de ciudadanías activas, es decir, participativas y corresponsables con el desenvolvimiento de sus entornos. Por ende, persigue consolidar un orden económico donde las instituciones públicas interactúen con la comunidad académica y el sector productivo, con tal de que hayan condiciones para que los negocios prosperen, y por lo cual el emprendimiento, la formación para el trabajo, la innovación y el crédito financiero para todo ello, se conviertan en un principio de acción en la capital. Para conseguir lo anterior, la expansión de la ciudad con sostenibilidad ambiental, su reorganización (renovación urbana), el desarrollo infraestructural y el turismo, desempeñan un papel determinante, donde las alianzas público privadas (APP) son el principal actor en su ejecución, y la implementación de las TIC el mecanismo primordial para la interlocución general.
En los métodos de financiación de lo planteado, se destacan además la eficiencia y efectividad tributaria, la aplicación de impuestos al consumo de la ciudad (al alumbrado público o peajes urbanos por ejemplo) y la venta del patrimonio público (ejemplo: la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB); la sostenibilidad fiscal en relación con la inversión social y la implementación focalizada de subsidios, y la adquisición de deuda pública.
Es así como en términos generales, y teniendo en cuenta de forma destacada los métodos y agentes principales de financiación y ejecución del Plan, se puede afirmar que el enfoque de desarrollo y gobierno de la ciudad por medio de la “Bogotá mejor para todos”, está dirigido desde la concepción neoliberal, para que el Estado cada vez más se desentienda de sus labores sociales como garante del desarrollo pleno y digno de los ciudadanos y su entorno, para convertirse en ente legal que asegura (también a través de la fuerza de ser necesario) y regula el libre juego y competencia de capitales y actores que por medio del mercado gestionan desigual e inequitativamente todas las necesidades sociales, dejando el desarrollo pleno, la vida digna y su espacio físico solamente para aquellos que lo puedan garantizar a partir de su adquisición como mercancías, lo que coloca a su vez a los bancos y al crédito financiero como principales aseguradores del desenvolvimiento social de los ciudadanos al generar el endeudamiento de sus vidas como posibilidad cada vez más común para existir y ser en la ciudad.
Por lo mismo, al ser el mercado y la competencia de agentes y capitales privados (la adquisición de ganancia), la que regula el orden social y físico en la capital, es claro que la noción de crecimiento ampliado de Bogotá no es sinónimo de un desarrollo ambiental sostenible (para ello mirar el caso de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen o el del Sendero Panorámico Rompe Fuegos para los Cerros Orientales). Además, como se trata de que todos participen en el mercado con lo que tienen para construir sus vidas alrededor de ello, y que esto sea consenso ciudadano, la óptica legalista que deja entrever el Plan, hace de la cultura ciudadana y la domesticación en las leyes existentes, sumado a un enfoque de seguridad controladora e invasiva, un impedimento real de la participación y creación de nuevos órdenes y bienestar desde las ciudadanías activas que promete fomentar.
En el caso concreto de los jóvenes, este enfoque mercantil del desarrollo y la existencia, que desplaza al Estado en su función social y deja en el centro al mercado, hace cuestionable las promesas que se realizan en el Plan con respecto a la disminución de los índices de maternidad y paternidad temprana, los de embarazos no deseados y los de abuso y violencia sexuales en entornos escolares y familiares; el desarrollo integral hasta la adolescencia, el acceso, permanencia y calidad de la educación en sus diferentes niveles, entre otros objetivos que se propone.
Puntualmente, cuando el Plan afirma el requisito del fortalecimiento de las capacidades de las personas y el aumento de oportunidades para la garantía y goce de derechos, esto significa realmente la ligazón de la educación que se ofrece en el distrito y en sus diferentes niveles, a las necesidades del mercado laboral, configurado este por los requerimientos de los actores y capitales privados en competencia, con tal de promover mano de obra que por medio de su desempeño laboral pueda conseguir recursos y garantizar el goce de derechos, adquiriéndolos como individuos y consumiéndolos como mercancías (por ejemplo, comprar salud de calidad). Por ello, en la generación de oportunidades, más que todo laborales, el emprendimiento y la innovación, el crédito financiero, la expansión de la ciudad, su reorganización (renovación urbana), el desarrollo infraestructural y el turismo, ejercen un papel definitivo como su estructura económica principal.
Para asegurar la pertinencia de los contenidos de la academia (incluida la investigación), que no es otra cosa que posibilitar la ligazón directa de estos con las necesidades económicas tramitadas por medio de actores y capitales privados en el mercado (formación para el trabajo), el Plan propone, en el caso de la educación superior, la creación de un Subsistema Distrital de Educación Superior. Y en lo que compete a la educación básica y media, se pone como objetivo la concesión de los colegios públicos y de los servicios que ofrecen para su administración y suministro por medio de privados (o por ejemplo, hacer mixtos equipamientos públicos para que tengan usos conexos con los educativos), lo que además deja claro el cómo y en función de qué se realizará la ampliación de la jornada única que promete.
En la misma vía, en relación con la educación superior y el acceso a esta, se afirma explícitamente en el Plan y desde el enfoque mercantil en mención, que la intención es la disposición de recursos por parte de la Secretaría de Educación, “para financiar las estrategias de promoción de la educación superior, a través de créditos y subsidios a la demanda, bolsas concursables para las instituciones, y demás mecanismos que permitan canalizar recursos de otras fuentes públicas y privadas” (pág. 18 negrita y subrayado nuestro). Lo que completaría no solo la mercantilización de la educación en sus contenidos, sino también en su acceso.
En consecuencia, desde la lógica del orden que la “Bogotá mejor para todos” intenta construir, la idea es que estos jóvenes que se endeudan para poder estudiar y que son formados para el trabajo como capital humano, puedan laborar en los oficios exigidos por la estructura económica principal descrita, y aportar de manera emprendedora desde su creatividad, la innovación e investigación que realicen, a dichos sectores que la componen.
En cuestiones laborales, lo que el Plan sugiere relacionado con los jóvenes, es la promoción del trabajo decente, el cual si bien garantiza como condición el contrato de trabajo y el pago de seguridad social, no combate realmente la flexibilización, tercerización e inestabilidad laboral (por ejemplo: la seguridad social por medio del contrato la puede asumir completamente el trabajador, con una inadecuada aplicación del mismo en su desarrollo y horarios, y ser un contrato a término fijo), o da la garantía y estabilidad de desenvolvimiento humano y conexidad entre vocación, estudio, labor y necesidades sociales, que posibilita la promoción y adquisición de un trabajo digno. Por ello, las oportunidades que surgen en el modelo de la “Bogotá mejor para todos”, no son verdaderas fuentes de recursos y de carácter estable, para que los jóvenes y ciudadanos puedan garantizar y gozar de derechos en la ciudad, inclusive para que los consuman como mercancías como lo desea la concepción neoliberal.
Conclusiones y alternativas
En conclusión, según el diagnóstico realizado de la situación social de los jóvenes en Bogotá, se puede afirmar que para por lo menos el 50% de esta población, ser joven en la capital del país implica: pertenecer a los estratos económicos más bajos, vincularse tempranamente a la actividad laboral como única forma de asegurar la subsistencia, trabajar de manera precaria para una vida indigna y sin tiempo, ser un secundarista o bachiller con aspiraciones de lograr estudios superiores pero no conseguirlos en la medida que no se cuenta con los recursos para garantizar lo que debería ser un derecho, tener una ambigua situación en salud después de los 25 años por no poseer un contrato laboral o el dinero suficiente para proveerse lo que también debería ser un derecho, y ser preso de la inseguridad de la ciudad. Por lo tanto, es evidente que este amargo contexto económico y social es el que hace de los jóvenes presa fácil de las violencias, la delincuencia y el pandillismo en la capital del país.
Por otro lado, como se expuso, el Plan de Desarrollo y el proyecto de la “Bogotá mejor para todos”, en vez de paliar la realidad descrita para los jóvenes en Bogotá, por el contrario, desde su enfoque neoliberal, es una profundización de la cotidianidad difícil e indigna a la que están sometidos hoy, a causa de la visión mercantil que tiene para la satisfacción de derechos, puntualmente desde lo que propone en materia educativa y laboral. Esto se ve reforzado además, ya que elementos sustanciales de la vida para promover un desarrollo íntegro de los jóvenes y ciudadanos, como el buen uso del tiempo libre, el arte y la cultura, dentro del Plan se proyectan igualmente como cuestiones marginales para el desenvolvimiento de la ciudad.
Solo con un enfoque de derechos, donde la financiación a la demanda o el fortalecimiento neoliberal del mercado como espacio primordial para gestionar y solucionar las necesidades sociales no sea lo principal, sino por el contrario, donde el Estado se coloque y se capacite para que pueda solucionar y asegurar, como financiación a la oferta, los espacios y actividades necesarias para un desarrollo digno e integral de los jóvenes y todos los ciudadanos; se logrará dar un cambio profundo y positivo a la realidad en la que hoy se encuentran las generaciones que oscilan entre los 14 y 28 años de edad en la capital.
Específicamente y de manera urgente, en contra de lo planteado por el Plan de Desarrollo de Bogotá, los jóvenes en este momento deben exigir la construcción de una política pública diferenciada que prioritariamente desde el punto de vista de los derechos sociales, concrete en la ciudad:
1. Terminar con las concesiones a privados de los colegios y aumentar la oferta pública, así como de los servicios que se suministran a su interior (la alimentación por ejemplo), con garantías laborales para los profesores y demás requisitos que aseguren una correcta implementación de la jornada única y una cobertura total; 2. La destinación de los recursos de la Secretaría de Educación para la ampliación de la base presupuestal y financiera de la Universidad Distrital, en donde se trabaje conjuntamente para la satisfacción de la demanda educativa superior de los estratos más bajos de la ciudad; 3. La promoción de trabajo digno, categoría superior al trabajo decente, donde realmente se combata la flexibilización, tercerización e inestabilidad laboral de los jóvenes; y 4. Una solución al limbo en materia de salud para los jóvenes que de 25 a 28 años no encuentran los recursos para proveerse este servicio, asumiéndolo el Estado mientras el joven puede encontrar estabilidad laboral.
Esta visión de los derechos y su satisfacción, es única y realmente compatible con un enfoque de desarrollo económico y de la ciudad profundamente democrático, sostenible ambientalmente, soberano y diversificado, donde el ser humano y la naturaleza sean el centro de las acciones y no la ganancia económica de carácter privado. Exclusivamente de esta manera, no se construirá la paz en el país como una sencilla ausencia de la confrontación armada entre Estado e insurgencia, sino como la cimentación de un orden social que esté configurado política y culturalmente en la disposición de solucionar sistemáticamente todas aquellas problemáticas que surgen en el desenvolvimiento histórico y son fuente de desigualdades, injusticias, segregaciones y exclusiones que provocan conflictos sociales. Ello significa, por lo tanto, finalmente entender y construir la ciudad como derecho en contravía de seguir haciendo de la ciudad y sus relaciones sociales una mercancía.
Fuentes consultadas:
- Estudio de Juventud 2014.
- Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá mejor para todos”.
