Comisión política
JUCO – Bogotá
Pasado más de un año de la alcaldía de Peñalosa, el balance que encontramos es totalmente negativo: su política privatizadora y su visión de ciudad mercancía han chocado constantemente con lo que los ciudadanos necesitamos, esto se evidencia en la intención de vender las empresas públicas de Bogotá, como la ETB o la empresa de energía, los atropellos contra los vendedores ambulantes, sus nefastos planes en el tema educativo tanto para los colegios como para la Universidad Distrital, además de las falsas promesas que le ha hecho a Bogotá en materia de movilidad, protección del medio ambiente, fortalecimiento del sistema de salud, y un sin fin de compromisos que han terminado siendo tan falsos como sus diplomas. Ahora, más allá de este balance general, nos enfocaremos en el poco interés de la alcaldía para involucrar a la capital con la agenda nacional de paz.
Bogotá no puede pensarse, en el periodo de pos-acuerdo, tan solo como aquella ciudad que ha recibido miles de desplazados por la violencia en Colombia, que es la única dimensión que parece haber visto el actual alcalde. Más allá de esto, y sin negar la importancia de las víctimas, Bogotá debe establecer una hoja de ruta integral para la implementación de lo consignado en el acuerdo de La Habana.
¿Qué puntos del acuerdo aplican para la ciudad de Bogotá? ¿Cuáles de estos afectan a la juventud? Hay por lo menos dos temas gruesos para los cuales la ciudad debe prepararse suficientemente: la ampliación de la participación política de la ciudadanía (punto 2 de los acuerdos de La Habana) y la prevención del consumo de drogas ilícitas (punto 4).
El punto dos, que habla de participación política, tiene 7 componentes para desarrollar: Garantías de la oposición política, mecanismos de participación ciudadana, garantías para la protesta social, medios de comunicación, mecanismos de reconciliación, tolerancia y no estigmatización, sistema electoral y representación de poblaciones y zonas afectadas por el conflicto. Analizando estos componentes y advirtiendo que algunos de ellos, tal como están establecidos en los acuerdos, se salen de la circunscripción bogotana enfocándose más en temas nacionales, nos centramos en los tres que pueden ser desplegados desde instituciones distritales:
El primer componente se fundamenta en las garantías para la protesta social, el cual, procura que las distintas expresiones de movilización que el pueblo colombiano ejerce no sean objeto de la violencia estatal -ni paraestatal- reforzando su protección constitucional y legal, pero en la ciudad de Bogotá la administración de Peñalosa, con su política represiva, ha realizado todo lo contrario: la creación de la secretaria de seguridad es un ejemplo de esto dado que sus políticas se centran en el control, la restricción y las respuestas violentas por parte de la institución frente a la movilización ciudadana, empezando por el denominado C4 (centro de comando, control, comunicaciones y cómputo de Bogotá), y siguiendo con lo que parece ser la política de la alcaldía para el tratamiento de todas las dificultades sociales: ESMAD para todos, tal como pasó con los vendedores ambulantes, los manifestantes que están en contra de las corridas de toros, o la actual represión que han sufrido quienes protestan en contra del alza de tarifas de Transmilenio.
El segundo punto es la participación ciudadana, uno de los elementos trascendentales del acuerdo en donde se concreta el principio de apertura democrática (solución a una de las principales causas de la guerra), este punto contempla veedurías tanto para la administración como para la implementación del acuerdo, observatorios de transparencia para evitar la corrupción, el fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales, espacios de discusión con el gobierno distrital donde se atiendan las peticiones y se respondan las propuestas de manera rápida, mecanismos encaminados a empoderar a la ciudadanía, dándole un mayor peso a sus opiniones para la toma de decisiones gubernamentales. Para que esto se haga realidad el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) debería estar preparando el recurso humano y técnico que garantice los cambios que haya que hacer en la institucionalidad y que los espacios de participación cada vez sean más y más decisorios, pero en sus objetivos estratégicos no hay ni el más mínimo nombramiento de espacios amplios de participación ciudadana y menos de veedurías a la administración, el plan de este instituto se basa en el cuidar la buena imagen de la alcaldía con proyectos como el de garantizar la memoria institucional, pero que no tiene la trascendencia real que esta entidad debería tener y más en un momento tan importante, en el cual deberíamos estar pensando en una apertura democrática a nivel local, regional, distrital y nacional. Además de esto hemos visto cómo en espacios como el cabildo abierto sobre la ETB se ve desdibujada, cuando no eliminada, la democracia y la participación ciudadana, en la medida que el alcalde dice que digan lo que digan él va a vender el patrimonio público, sin darle la más mínima valoración a los argumentos de los ciudadanos afectados.
Algo similar sucede con la política pública de juventud, que actualmente pasa por un proceso de reformulación, en el cual, si bien se citan algunos escenarios, estos no permiten un proceso de verdadera construcción desde la base de la comunidad juvenil. Como jóvenes, exigimos que se dejen de citar espacios “de papel”, exigimos garantías institucionales para la más amplia participación en la construcción de las políticas públicas que impactan al mundo juvenil, dándole efectiva aplicación a la apertura democrática consignada en los acuerdos de la Habana.
El tercer y último componente de este punto es todo lo relacionado con los medios de comunicación, acceso a emisoras, canales nacionales, regionales y locales. La forma de materializar este punto en nuestra ciudad sería, por ejemplo, democratizar el Canal Capital, de manera tal que la lucha de ideas y la construcción de debates sea la forma de dirimir diferencias políticas en esta nueva etapa del país, para la cual dicho canal debe alejarse de su funcionamiento parcializado y dependiente del gobierno de turno, permitiendo más bien que se expresen las diversas discusiones que puedan surgir respecto a las políticas públicas que se están ejecutando o se quieren ejecutar en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, lo que tenemos (y no hay mucha perspectiva de cambiar) es un canal parcializado, sin debate ni contenido cultural enriquecedor, que dilapida sus recursos y cuya única función parece ser tratar de limpiar la imagen de esta administración.
En cuanto al punto 4 del acuerdo de paz, solución del problema de las drogas ilícitas, este se encuentra estructurado a partir de tres puntos: sustitución de los cultivos de uso ilícito, tratamiento al problema del consumo y, por último, solución al fenómeno del narcotráfico. Sin embargo, el acuerdo relaciona y trata de manera conjunta la erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos con la Reforma Rural Integral que se plantea en el primer punto del acuerdo.
En ese sentido y obedeciendo a dinámicas más urbanas que de carácter rural de la ciudad de Bogotá, y que el fenómeno de los cultivos ilícitos no es tan acentuado en la ruralidad capitalina, dicho punto no tendrá tanta relevancia dentro de las discusiones que le competen a la capital sobre la implementación del acuerdo, junto con el tema del narcotráfico, ya que se expone a este último, como una problemática mundial y por ende su solución es la creación de diversos escenarios de cooperación internacional para resolverlo. Es por ello que Bogotá se deberá enfocar en la implementación de programas que atiendan de manera integral el consumo de sustancias psicoactivas, siendo esta una evidente problemática de la ciudad.
La alcaldía de Peñalosa ha estado enfocado en desmontar programas de la administración pasada, como el esquema de basuras que beneficiaba a las familias recicladoras y le quitaba el negocio de las basuras a contratistas privados, o los CAMAD los cuales intentaban darle un tratamiento a los consumidores de drogas ilícitas a partir de un enfoque de salud pública, entre otros programas.
Al evaluar, por un lado, el impacto de intervenciones como la del Bronx donde hubo una evidente violación de derechos humanos; y por otro lado, las acciones que ha venido emprendiendo la alcaldía local para tratar a personas consumidoras de sustancias psicoactivas y asimismo su criminalización, encontramos que esto solo ha contribuido a que estas personas, junto con las bandas de microtráfico migren a otros barrios. Recordemos que en la pasada administración de Peñalosa se realizó la misma intervención en la calle del Cartucho junto con alojamientos transitorios donde se les implantaba un proceso de desintoxicación, lo cual terminó dándole vida a el Bronx.
Es decir, que la ciudad debe plantearse programas donde se garantice el respeto de los Derechos Humanos junto con un enfoque de salud pública, e igualmente, darle un tratamiento especial a los eslabones más débiles del negocio del narcotráfico como los consumidores de drogas ilícitas, e intensificar los esfuerzos por desarticular las bandas criminales que distribuyen y trafican estupefacientes, para así implementar lo establecido por el cuarto punto del acuerdo de paz.
Es por ello importante rediseñar los programas distritales respecto a la política de drogas que le permita a los consumidores tener un tratamiento integral del problema de adicción, y la no estigmatización de los jóvenes como blanco de persecución policial, lo cual nos posibilitará abrir el debate distrital alrededor del consumo consciente en los y las jóvenes, entendiendo así que el proceso de paz nos debe permitir abordar el consumo desde un enfoque no represivo.
Así pues, solo enfocándonos en estos dos escenarios (participación política y prevención del consumo de sustancias psicoactivas) tenemos una administración que evidentemente no se plantea, ni de lejos, la posibilidad de una transformación democrática de sus instituciones en aras de garantizar la paz, es más, tenemos una administración que está haciendo todo lo contrario: reprime más, cierra los canales de la democracia participativa y desmonta las posibilidades de atención a consumidores de drogas ilícitas y prevención del consumo de las mismas, volviendo a un esquema de política criminal, en vez de un enfoque de salud pública.
Debemos concluir que, si queremos garantizar el avance y la implementación de los acuerdos de paz en nuestra ciudad, necesariamente hay que tener una administración comprometida con ello, y la única posibilidad de lograr eso en el corto plazo es revocar al actual alcalde de la ciudad: Si queremos defender la paz en la ciudad hay que revocar a Enrique Peñalosa.
