Juan Valbuena

Sebastián Cristancho

Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley[1], impulsado por el Ministerio de Educación y por el senador Ángel Custodio Cabrera (Cambio Radical), mediante el cual se crea el denominado “Sistema de financiación contingente al ingreso” o FCI. En este artículo explicaremos brevemente de qué se trata y las razones por las cuales, como movimiento estudiantil universitario, nos debemos oponer al mismo.

El proyecto tiene la intención de instaurar una serie de “incentivos económicos” y de “subsidios” para fomentar el acceso y garantizar la permanencia en la educación superior. Estos son:

1. Sistema de Financiación Contingente al Ingreso (FCI): Se presenta como un sistema de financiación de la educación superior. En general pretende la creación de un fondo con el cual se promueva el acceso y la permanencia en la educación superior.

2. Servicio de Apoyo para el Acceso y Permanencia de Beneficiarios Activos en Educación Superior (SABES): Es un servicio de atención que implica el desembolso de los recursos para el cubrimiento total o parcial del valor de la matrícula y/o de los giros de sostenimiento, y otras estrategias para garantizar la permanencia. Es administrado por el ICETEX.

3. Fondo del Servicio Integral de Educación Superior (FoSIES): Es el fondo como tal, es la cuenta dirigida por el ICETEX que administra los recursos del FCI. Se rige por un Comité Directivo que define el gobierno nacional. Tiene adicionalmente un fondo de garantías al cual llegan recursos desde las universidades como parte de su contribución para evitar la deserción.

4. Contribución para Servicio de Apoyo para el Acceso y Permanencia de Beneficiarios Activos en Educación Superior (Contribución SABES): Es una contribución que tienen que hacer todas las personas que fueron beneficiarias de este subsidio siendo estudiantes. Se paga igual que se paga la seguridad social[2], así, si siendo estudiante una persona fue beneficiaria del SABES, una vez empiece a trabajar deberá pagar esta “contribución” (hasta cubrir el beneficio o por 30 años; actualizándolo con base en la inflación, más hasta el 5% por costos de funcionamiento) de acuerdo a la siguiente tabla:

Salario	Tarifa marginal	Contribución
0 – 0.5 SMLMV	0	0
0.5 – 1 SMLMV	12%	(BG-0.5 SMLMV)*12%
1 – 2 SMLMV	15 %	(0.5 SMLMV*12%)+ [(BG-1 SMLMV)*15%]
Más de 2 SMLMV	19 %	(0.5 SMLMV*12%)+(1 SMLMV*15%)+[(BG-2 SMLMV)*19%]

    -BG=Base Gravable

El único elemento “positivo” es que de lo pagado al ICETEX por esta contribución se puede pedir una deducción del 50% en la declaración de renta.

5. Contribución para la prevención de la deserción en Educación Superior (Contribución COPES): Es una contribución al fondo que deben hacer las IES sobre los desembolsos que les haga el SABES para pagar la matrícula de un estudiante, sobre la base de una tarifa que depende de su nivel de deserción (ver tabla del proyecto). La tarifa varía entre el 1% y el 3.5% dependiendo del nivel de deserción.

Adicionalmente este fondo se alimenta de recursos provenientes de la Nación, provenientes del Sistema General de Regalías, provenientes de cooperación internacional, los que destinen los departamentos, distritos y municipios, los provenientes de donaciones, y derechos de cobro cedidos de otros fondos de fomento a la Educación Superior.

Como se ve, la mayor carga para la financiación de este fondo se le impone al estudiante graduado beneficiario del programa, obligándolo a pagar una contribución de hasta el 19% (tarifa marginal) de su salario (menos seguridad social= BG), lo cual resulta mucho más gravoso que un crédito del ICETEX que, aunque con altísimos costos, no se carga directamente sobre la base de los ingresos económicos de una persona.

Adicionalmente, no hay ninguna diferenciación en cuanto al tipo de universidad a la cual el estudiante deba matricularse, con lo que esto no es más que un crédito pagadero a largo plazo, con cuotas mensuales obligatorias y con un monto muy alto, un mecanismo de estímulo a la demanda que en nada fortalece al sistema público de educación superior en Colombia.

En síntesis, nuevamente se intentan desviar dineros del Estado, no para fortalecer a la educación pública universitaria que hoy cuenta con un déficit de 11,5 billones de pesos, lo que golpea fuertemente su calidad y desarrollo, sino para fortalecer el ingreso y permanencia de la población colombiana a la universidad o a las instituciones técnicas y tecnológicas por medio del crédito financiero. Es decir, profundizar el modelo neoliberal que configura la educación como una mercancía a la que acceden los que pueden pagarla o endeudarse, generalmente en beneficio de capitales privados educativos o financieros, desmontándola paulatinamente como derecho. Nuestras críticas a esta “novedosa” edición del modelo educación-mercancía son, específicamente:

1. Traslada la responsabilidad del Estado a los ciudadanos: Los ciudadanos ya contribuimos para la financiación de todas las responsabilidades del Estado a través de los impuestos, no contentos con ello, y obviando el hecho de que gran parte de estos recursos se gastan en el sostenimiento de un aparato militar y policial ya innecesario a propósito de la paz, además de perderse en la telaraña de la corrupción institucional y el pago de la deuda pública, el Estado traslada su responsabilidad de financiar la educación superior a los ciudadanos trabajadores que hayan sido beneficiarios como estudiantes por el SABES.

Es una forma en la que el Estado se desentiende de su obligación con el aumento de cobertura y permanencia de los estudiantes en las IES, pues todos los beneficiarios tendrán que pagar durante un periodo muy largo (hasta 30 años) un tributo para el sostenimiento de los que vienen, si antes como trabajadores por medio de dicho “parafiscal” no logran cubrir la totalidad de la deuda adquirida por medio del SABES.

Así pues, se crea un nuevo tributo para los trabajadores porque el Estado es incapaz de solucionar la crisis de la educación superior.

2. No soluciona la desfinanciación de la educación superior pública: Con este mecanismo no se está dando solución al principal problema de la educación superior en Colombia: el ahogo financiero del sistema de universidades públicas.

Todo lo contrario, se profundiza una política que ha demostrado su fracaso para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior y que solo ha evidenciado su utilidad para pasar la educación, y las ganancias que genera como negocio, a manos privadas: la financiación a la demanda.

En vez de robustecer la educación pública, el Estado traslada recursos (que les cobra después a manera de impuestos) a los estudiantes para que se inscriban, usualmente en universidades privadas[3], sin siquiera hacer una distinción sobre la calidad de la educación que en las mismas se imparte. Es una forma más de condenar a muerte al sistema público de educación y hacer de ella lo que se hizo con la salud, un negocio, un bien al que muy pocas personas acceden con calidad y del cual se lucran los privados.

3. Es mucho más gravoso que los créditos del ICETEX: El crédito del ICETEX con la tasa de interés más elevada es el crédito Acces, con una tasa del 16 %, en este modelo, no estamos hablando de una tasa de interés sobre el capital, sino de una contribución (impuesto) cuya base gravable es el salario, que llega a una tarifa marginal de hasta el 19%.

Esto, en términos prácticos, lo que significa es que, si al salir de la universidad un estudiante consigue como trabajador un sueldo, por ejemplo, de 2 millones de pesos, deberá pagar alrededor de 210.000 pesos (¡!) para aportar al FoSIES.

Deberá pagarlos como paga seguridad social si es independiente, o serán retenidos por su patrón, en el extraño caso para nuestro tiempo, de que consiga un contrato de trabajo

4. Tiene un método de financiación desproporcionado: Mientras los estudiantes que se gradúen y hayan sido partícipes del programa deben pagar una tasa de hasta el 19% (tarifa marginal) sobre su salario (menos seguridad social) como contribución SABES, las IES que reciban alumnos beneficiados con el programa deben contribuir apenas con el 3,5% -como máximo- de los recursos que les giren para el sostenimiento de estos estudiantes, según los niveles de deserción que acumulen.

Esto no es ni la más mínima contribución por parte de las universidades (en el caso de las privadas en general), pues no están sacando un solo peso de sus bolsillos, están devolviendo apenas algunos de los que les gira muy amablemente el gobierno nacional, descaradamente si además son instituciones privadas de baja calidad.

Incluso en el modelo de financiación a la demanda ideado por Friedman (como estrategia privatizadora) existe un componente de cofinanciación de los programas de “subsidio”, sin embargo, en Colombia, en el caso de que el estudiante beneficiado por el SABES entre a las IES privadas, los dueños de las universidades se embolsillan todo y solo deben contribuir con uno que otro almuerzo. Desde otra óptica, en el caso de que entren a una universidad pública y no logren sostenerse, en razón de los niveles de deserción, estas tendrán que sacar de sus apretadas carteras el dinero para resarcir acorde lo exige el modelo, en aún mayor perjuicio de las mismas, más cuando nuestras universidades públicas están pasando por difíciles situaciones para su sostenimiento y proyección con lo cual no pueden ofrecer mayores garantías de bienestar universitario.

5. Es uno más de los “pañitos de agua” del gobierno: Además de que no enfrenta el problema y va a sobrecargar a los ciudadanos, hay que recordar que los recursos del impuesto a la renta para la equidad (CREE) y los que entren gracias a la reciente reforma tributaria están siendo destinados, en buena porción, para la financiación del programa “Ser pilo paga”.

Mientras otros países en la región financian la educación superior pública, de manera que hasta el 50% de los jóvenes puedan acceder a la universidad gratis (como derecho; casos como el de Chile y Argentina), en Colombia seguimos insistiendo en programas -como “Ser pilo paga”- que benefician a una parte muy pequeña de la población (alrededor del 2% de los graduados de educación media, 20% de estudiantes graduados de estratos 1 y 2) a los que incluso les incumple el gobierno nacional como se evidenció a principios de este año, programas que además, en el fondo, asfixian financieramente a la universidad pública.

La verdad es que con esos recursos podrían financiarse no miles, sino cientos de miles de cupos en las universidades públicas del país, evitando que se caigan a pedazos y pagándoles a sus profesores una remuneración digna. El problema es cómo invertimos eficientemente (pensando en la satisfacción del derecho y no en las ganancias de los privados) los recursos para la educación superior.

6. En últimas, como ya se mencionó, lo que se hace es profundizar el modelo de educación-mercancía, haciendo de la misma un bien al cual pueden acceder solo aquellos que pueden pagar, en beneficio del capital educativo o financiero, para terminar desechando la concepción de la educación como derecho, de acceso universal y de alta calidad, protegida por el Estado como garante de la misma.

Lo que el gobierno pretendió realizar mediante una reforma a la Ley 30 y que el estudiantado tumbó por medio de un paro nacional en 2011, ahora lo hace en multiplicidad de leyes y políticas públicas que ya están en marcha. Por ello, una concentración del estudiantado en sus intereses como gremio, que den respuesta a las actuales políticas del gobierno, es necesaria.

En esa vía, se hace urgente un encuentro del movimiento estudiantil a nivel nacional que analice la nueva arremetida del capital financiero contra la educación pública y concerte urgentes acciones de movilización. Hoy más que antes, pero como históricamente se ha reivindicado por el movimiento estudiantil y universitario, es claro que solo la movilización conquistará la educación como derecho y derrotará finalmente las aspiraciones neoliberales del gobierno nacional. En esa medida, no hay otro camino que la lucha.

[1] Proyecto de ley 262/2017 Cámara.

[2] Una especie de aporte parafiscal, pero a cargo del trabajador.

[3] Caso común, en la medida de que si se analiza, por ejemplo, el programa “Ser pilo paga”, el 80% de los “subsidiados” lo han hecho.