El trabajo de base sigue siendo la piedra angular de las transformaciones.
Por: Cristian Caballero
La paz, una disputa pendiente.
La historia de Colombia ha estado marcada por décadas de conflicto, desigualdad social y la polarización partidaria, cuyas lógicas han marcado la vida de varias generaciones sin opciones ni oportunidades de cambio.
Desde la independencia hasta el presente, ha sido necesario impulsar transformaciones que beneficien a los menos privilegiados y a las clases subalternas La Justicia Social ha sido un consenso entre los distintos sectores alternativos, colectivos y organizaciones sociales, que han buscado un punto de encuentro para enfrentar la influencia de la clase hegemónica arraigada en la herencia política tradicional de la conquista.
El siglo XX estuvo marcado por actores políticos que desafiaron el estatus quo e iniciaron luchas políticas, sociales y armadas para cambiar la historia del país. A lo largo de este camino, la violencia dejó claro que los políticos tradicionales no estaban dispuestos a ceder sus privilegios y negocios, incluso a costa de vidas humanas. Sin embargo, a finales de siglo, y a pesar de varios intentos fallidos, se llegó a la mesa de negociación con estos actores armados y sectores sociales, con el propósito de poner fin al conflicto.
La paz ha sido un objetivo central en las agendas políticas de estos actores revolucionarios, como la única salida viable para abordar la desigualdad e injusticia. A lo largo de los años, se ha trabajado en la definición y profundidad de lo que la paz implica, como solución política, social y económica a la desigualdad.
Los acuerdos de Paz firmados en la Habana, Cuba, entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos marcaron un hito importante, poniendo fin a años de hostilidades y represión. Sin embargo, la polarización y la desinformación llevaron a la derrota en el plebiscito sobre los acuerdos. A pesar de esto, se implementaron rutas para llevar a cabo lo pactado, permitiendo a los sectores alternativos impulsar cambios. Todo esto generó la reacción de distintos sectores políticos a favor y en contra llevándonos a este mecanismo para decirle si o no a la paz. La derrota fue inminente ante una clase política consolidada hegemónicamente en donde la disputa del sentido común tuvo su fruto en la manipulación y miedo de que el Comunismo iba a llegar al país tras la aprobación de los acuerdos (cosa que no se ha vivido hasta el momento). Pese a que se perdió el plebiscito se firma y se empiezan a dar todas las rutas para la implementación, dando apertura a que los sectores alternativos pudiesen construir su política de cambio, o al menos eso pensábamos porque tiempo después vino la crudeza de la violencia y el ataque en bloque al movimiento social.
Una hegemonía cuando entra en crisis frente a su legitimidad y le cuesta mantener el consenso social se refleja en la falta de acceso a servicios básicos. El Estallido Social podría entenderse como un intento de las clases subalternas por desafiar la élite política y económica que vio sus inicios desde la consulta anticorrupción la cual se fue al suelo en el año 2018. El panorama político que veríamos después arrojó un balance desfavorable para los líderes y lideresas sociales ya que la persecución y asesinato iba en aumento sumado a casos de corrupción en la cual había funcionarios del gobierno Iván Duque involucrados sin recibir si quiera la suspensión de sus cargos, como es el caso del fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez. La paz estaba atrasada en su implementación y con ello en tiempo de “recuperación económica” se presentó una reforma tributaria que agudizaba la desigualdad y marginalidad en el país, lo cual hizo desatar una erosión de represión estatal que frenara el descontento y las demandas sociales.
La necesidad de querer cambiar la realidad que en ese momento se vivía culminó con el triunfo de Gustavo Petro como acumulado de disputas y única alternativa para caminar hacia esas reformas sociales que darían la apertura a transformaciones de base.
Con este resultado revivió la esperanza de abrir las instituciones del estado para ser ocupadas por personas cuyos principios son posicionar esas banderas de los desfavorecidos y abonar a la mejora de vida de estos. Evidentemente no es algo que sucediera solo con este presidente, sino que ya hace unos años se venía fortaleciendo una izquierda metida en las instituciones peleándose reformas que beneficien a las mayorías.
Bajo este contexto varias organizaciones sociales y políticas se apropiaron de este momento histórico como la posibilidad de profundizar en transformaciones necesarias para el cambio, es decir, los procesos fueron encaminados hacia el reconocimiento en sus lugares de sus procesos en función de crecer. También para tener el aval y poner candidatos que ocupen las distintas instancias burocráticas estatales, lo cual ha arrojado un escenario favorable ya que en el caso de Bogotá los sectores alternativos nos hemos consolidado como una fuerza política que hace temblar a los partidos tradicionales pues sus intereses se ven directamente afectados. ¿Podríamos hablar entonces de que existe una hegemonía progresista que aborde temas como la justicia social, desigualdad y derechos humanos? La persistente violencia, la corrupción y la polarización ideológica han obstaculizado la construcción de una coalición amplia y cohesionada que pueda desafiar la hegemonía existente. La teoría de Gramsci enfatiza la importancia de construir alianzas entre diversos grupos, que compartan objetivos comunes a pesar de sus diferencias, como un paso esencial hacia el cambio político y social. Para esto hay un papel crucial dentro de la cultura en la consolidación del poder y la resistencia. En Colombia, donde la diversidad cultural y étnica es una característica fundamental, la construcción de una cultura política inclusiva y diversa se vuelve esencial para superar las divisiones y desigualdades históricas.
La lucha por la hegemonía implica, por lo tanto, no solo la batalla en el ámbito político, sino también en el cultural. Y sobre ésta reposa una preocupación importante pues en charlas de pasillo, cafés, grupos de amigos, entre otros, se escucha como los planes de trabajo y agendas políticas están basadas en campañas electorales y posicionamiento de candidatos, pero es necesario ser consecuentes con la realidad latinoamericana que nos presenta un creciente ascenso de la derecha acérrima y fascista capaz de tumbar en un abrir y cerrar de ojos las reformas logradas por el conglomerado social, es decir, que podríamos estar más centrados en la disputa por lo político que por el sentido común (lo cultural) ya que la paz en los territorios (para el caso de Bogotá) dejó de ser transversal a las agendas políticas y pasó a un segundo plano mientras que desde la firma hasta la fecha son muchos los desplazamientos, persecuciones y asesinatos a firmantes de la paz y también hemos visto como el paramilitarismo a ocupado la vida cotidiana de los barrios populares en la ciudad. Si bien Gramsci nos habla de la lucha de posiciones como estrategia política, la importancia de disputarse el sentido común proporciona una perspectiva valiosa para entender los desafíos y las oportunidades que enfrenta la realidad actual.
Uno de los principales retos que enfrenta Colombia es la implementación efectiva de los acuerdos. Si bien la firma fue un paso importante, llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para abordar las causas fundamentales del conflicto y la desigualdad requiere de un esfuerzo continuo y sostenido. Además, la construcción de la paz va más allá de la firma de un acuerdo entre grupos armados y el gobierno. Implica la participación y el compromiso de toda la sociedad colombiana. Los trabajos organizativos barriales, secundaristas, juveniles, comunales y sociales no deben estar limitados por una agenda política electoral, deben ir más allá, la disputa del sentido común implica la dimensión misma de construir la paz desde los barrios, las calles pues son las clases subalternas (en palabras de Antonio Gramsci) las que van a salir a defender esas reformas sociales, es decir, si nuestra disputa va enfocada unidireccionalmente a tener puestos en el gobierno, la finalización del gobierno Petro puede depurar una derecha mucho más consolidada. Para que esto no suceda de manera inevitable se hace necesario replantear las agendas electorales y replantearlas hacia analizar la compleja realidad política de Colombia. La promoción de una narrativa alternativa que dé voz a las experiencias de las comunidades marginadas y reconozca que la búsqueda de equilibrio entre diferentes fuerzas políticas, aunque cruciales para avanzar, no tienen razón de peso si no nos disputamos ese sentido común que hizo caer el plebiscito, que negó las cartillas de inclusión, que promueve la xenofobia y que apartó la construcción de paz como eje central de disputa, bandera y consigna política.
Es por esto por lo que el trabajo de base consolida una relación sólida y profunda con las masas populares. El movimiento social no puede limitarse simplemente a luchar por el poder político, sino que también debe comprometerse en la construcción de una hegemonía cultural. Esto implica que las ideas y valores revolucionarios sean difundidos y asimilados en la sociedad a través de la participación en la vida cultural, educativa y social de las masas.
Foto: Escuela de Cine, Perros del Sur.
