Durante las últimas semanas hemos asistido a un enconado debate alrededor de las reformas sociales (salud, pensional y laboral) que se vienen tramitando desde el gobierno nacional. Analizar los argumentos que se han esgrimido tanto a favor como en contra es de gran importancia para entender los intereses y poderes que están en juego con estos cambios. Los sectores más reaccionarios de las clases dominantes están ya lanza en ristre contra toda propuesta de reforma, utilizando sus medios de desinformación han querido propiciar el miedo y pánico en la población. Muestra de ello han sido los constantes ataques contra las ministras Carolina Corcho e Irene Vélez, que, junto a Patria Ariza, Susana Muhamad y Gloria Inés Ramírez representan el sector vanguardista en la cartera ministerial del gobierno nacional.

Los sectores tradicionales saben bien que su ventajosa posición de poder y riqueza se ha forjado gracias a una serie de políticas estatales que han perpetuado y profundizado la succión del excedente socialmente producido hacia sus bolsillos. La lucha por el excedente social en la actualidad se basa fundamentalmente en la disputa por el presupuesto público; por un lado, las clases subalternas exigen que el excedente se destine a proveer bienes sociales y materializar derechos (salud, educación, pensión, trabajo, vivienda, etc.), por el otro, la burguesía demanda el pago de deuda pública y el financiamiento de sus inversiones especulativas^[1].

El modelo de acumulación neoliberal ha profundizado la privatización de los derechos, acceder a ellos se hace ahora en el papel de cliente, de comprador. Las reformas que se están adelantando pretenden revertir esta tendencia, desneoliberalizar los derechos para que su acceso se dé independientemente de si se tiene o no dinero.

Es una verdadera odisea para las clases subalternas sacar una cita médica, ver un especialista, conseguir exámenes y adquirir medicamentos. La reforma a la salud acabará con este descontrol. Se privilegiará la salud preventiva, las condiciones económicas dejarán de condicionar el acceso a la salud, mejorarán las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud, los recursos estarán bajo constante control, se ampliará y fortalecerá la infraestructura de hospitales públicos en todos los territorios del país y se implementará enfoques diferenciales en el servicio de salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva. Es apenas natural que los administradores de las EPS que por años se han lucrado de la privatización de la salud renieguen de una reforma que priorizará la vida sobre el dinero. No debe olvidarse que “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para que se puedan ejercer los demás derechos, pues sin la satisfacción de aquel, es imposible el disfrute de los demás^[2]”.

La reforma pensional busca que la pensión deje de ser un «ahorro individual» como pregonan las AFP. Su ferviente objeción a fortalecer Colpensiones es comprensible, ya que bajo el actual modelo han acumulado $335,1 billones de los cuales un 33,08% se encuentra invertido en renta fija nacional (deuda pública), 31,60% en renta variable exterior (acciones de compañías extranjeras) y el 39% restante está compuesto por fondos de capital privado, renta variable local, renta fija local, renta fija externa y otros alternativos^[3]. Solo el 56,3% de la clase trabajadora cotiza a pensión^[4], esto es inadmisible, y cambiará con la reforma pensional que pretende universalizar la pensión para que todo adulto mayor cuente con pensión y esta deje de ser el negocio de un puñado de especuladores e inversionistas privados.

La reforma laboral pretende mejorar las condiciones de la clase trabajadora, independientemente de si cuenta o no con un contrato laboral, o si realiza su actividad en el orden doméstico, la ruralidad, una fábrica, la oficina o el espacio público. Los recargos nocturnos volverán a contarse desde la 6pm, las jornadas dominicales y festivos se pagarán como corresponde y el derecho a la huelga se respetará. Se partirá de una concepción ampliada del trabajo para reconocer a las y los trabajadores de la economía popular, se atacará la estructura patriarcal del trabajo que se expresa en las brechas salariales entre hombres y mujeres, se priorizará el trabajo digno para la juventud, se dejará de abusar de los OPS como forma de contratación del Estado para tareas misionales de las entidades, al mismo tiempo que se regulara el trabajo en plataformas y atenderá la problemática del trabajo infantil ampliado, el Estado propenda por el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, etc.

Estas reformas merecen todo el apoyo popular porque suponen el medio para disputar una inversión del excedente social en la materialización de derechos. No se equivocaban Marx y Engels cuando afirmaban que el Estado funcionaba como una «comunidad ilusoria». Comunidad porque lo queramos o no es la institución y forma de organización social que maneja los impuestos, administra los recursos de la nación, controla el uso legítimo de la violencia por medio las fuerzas militares, imparte justicia, maneja parte de los medios de comunicación, controla la educación; en suma, administra los bienes comunes y el excedente social, pero no lo hace a favor de la comunidad, sino en beneficio de unos pocos, la administración de lo común se da de forma monopólica, de allí que sea un «comunitarismo fallido». Nuestra tarea como revolucionarias es socializar la administración del Estado, que el manejo de esos bienes comunes se de en beneficio de las mayorías, que sean las clases subalternas quienes accedan al excedente social por medio de la garantía de sus derechos^[5] económicos, sociales, culturales y ambientales. En esto consiste una democratización del Estado. Las reformas están encaminadas en esta dirección, no obstante, la tarea no acaba aquí; los cambios apenas empiezan y su alcancé y profundidad dependerán de la unidad y organización de las clases subalternas.

En conclusión, no se trata de reforma o revolución; se trata de reforma y revolución. Hace más de un siglo Rosa Luxemburgo saldó este debate cuando categóricamente concluía que para las comunistas “la lucha práctica, cotidiana, que tiende una reforma social, a mejorar, aún dentro de lo existente, la situación del pueblo trabajador, a conseguir instituciones democráticas, esta lucha constituye, más bien, el único camino por donde el proletariado ha de llevar su lucha de clases, por donde ha de arribar a su último objetivo, a la conquista del poder político, a la abolición el sistema de salario”. Para las revolucionarias “la reforma social y la revolución social forman un todo inseparable, por cuanto, según su opinión, el camino ha de ser la lucha por la reforma, y la revolución social, el fin^[6]”.

Invitamos a disfrutar de la galería de los mejores momentos de la movilización del 14 de febrero, en la cual el poueblo colombiano se movilizó en defensa de las reformas lideradas por el Gobierno Nacional.

^[1] Giraldo, César. 2022. Lo popular. Dimensiones económicas, sociales y políticas. Buenos Aires: CLACSO. ^[2] Ministerio de salud y protección social. 2023. Colombia potencia mundial de la salud y la vida. Cartilla pedagógica reforma estructural al sistema de salud. Colombia. ^[3] Mora, Karen V. 2022. “Conozca las inversiones que realizan las Administradoras de los Fondos de Pensiones.” LaRepublica.co. https://www.larepublica.co/finanzas/conozca-cuales-son-las-inversiones-que-realizan-actualmente-los-fondos-privados-de-pension-3515968. ^[4] DANE. 2022. “Medición de empleo informal y seguridad social Trimestre móvil febrero – abril 2022.” Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_feb22_abr22.pdf. ^[5] García Linera, Álvaro. 2020. “El Estado, la pandemia y el péndulo de la “comunidad ilusoria” — CELAG.” CELAG. https://www.celag.org/el-estado-la-pandemia-y-el-pendulo-de-la-comunidad-ilusoria/. ^[6] Luxemburgo, Rosa. 2015. Textos escogidos. China: Ocean Sur. pág. 28.