Por: Saul Figuera

La entrada en vigencia del nuevo código de policía afecta al transporte público a través del artículo 146 principalmente. La implementación de leyes que ponen en duda las amplias facultades que ha recibido la Policía Nacional, se suma en el nivel local a un aumento gradual en el pasaje que pone en riesgo la economía familiar de los bogotanos. No es casual, que en los últimos meses se haya podido observar un crecimiento notable de la presencia policial en las estaciones de Transmilenio.

La defensa del sistema de transporte masivo por parte de la Policía Nacional frente a los “colados” de Transmilenio, es una grave vulneración a la democracia, entendida desde su concepción semántica, es decir la fusión de demos (δῆμος) y kratos (κράτος), o lo que es lo mismo el gobierno del pueblo.

No se trata de un juego de palabras, sino más bien un síntoma del sometimiento de las clases sociales que gobiernan este país desde hace décadas. El dinero, como símbolo de poder y prestigio, pasa a desempeñar un papel mucho mayor al erigirse como mercancía fetichizada, ubicándose por encima del ser humano en orden de importancia.

Éste, no es un comportamiento ajeno al capitalismo, que desde su nacimiento ha relegó al trabajador al papel de mercancía, que con elementos del ser humano –vista, tacto, olfato, oído, gusto- servía para generar riqueza a los que consideraron y consideran como verdaderos seres humanos, los detentores del poder y del dinero.

Este debate cobra sentido en el marco de los 150 Años del Capital, que se cumplen este año, con un panorama global en el que una gran mayoría de países capitalistas embarcados siguen navegando en una crisis –el último Puerto Rico- que pocos capitalistas pagan y muchas familias sufren, y que no ve su final.

La construcción del socialismo, dentro de la impostergable tarea de repensar Nuestra América como nación libre y soberana, que excluya de su territorio los modelos capitalistas implantados para el sostenimiento de Europa y América del Norte, es un deber dentro de nuestro quehacer, que nos llama sin demora a proponer soluciones y alternativas al sistema capitalista anti-humano que impera:

-Un transporte público manejado por una empresa privada, que da únicamente un 5% de la ganancia al Distrito Capital, frente al mantenimiento que sostiene éste –de vías, estaciones, y seguridad- es ilógico se mire por donde se mire. Si el transporte público, no va a ser controlado por el mismo gobierno local, como debiera ser, se hace necesario al menos, renegociar los contratos con las empresas privadas, para que una cantidad considerable de dinero entre a cubrir los gastos sociales necesarios en dirección a una vida digna.

-Los y las estudiantes, como sujeto exento de ingresos en muchos casos, debe contar con una tarifa preferencial adaptada a la necesidad de transporte, entendiendo a éste como necesidad básica en el contexto de una ciudad tan amplia como Bogotá. La formación académica para la consecución de nuevos profesionales para la capital y el resto del país, debe ser prioridad, y para ello es necesario ese apoyo económico que lo facilite.

-La construcción de un metro en una ciudad de las características espaciales de Bogotá es imprescindible para la movilidad. En una ciudad que ronda los ocho millones de habitantes, con una amplia población que posee vehículos, las interrupciones viales causadas por accidentes de tránsito son frecuentes. Pero esa misma situación, hace de Bogotá una de las ciudades a nivel mundial con más contaminación ambiental. Por ello, la construcción de un metro se torna indispensable no sólo para el simple transporte de los ciudadanos de un sitio a otro, sino como medida de freno a esa elevada polución.

Un transporte manejado por empresas privadas, que cuenta con un apoyo logístico cada vez mayor de la Policía Nacional, frente a la inseguridad cada vez mayor en las calles bogotanas, no puede sino enmarcarse dentro de las siempre desacertadas medidas del actual alcalde Peñalosa, promotor del más feroz neoliberalismo.

Para la construcción de la paz en Bogotá, se hará necesario destituir al actual alcalde, para dar un paso a un gobierno en convergencia con fuerzas democráticas, que aplique, además de las medidas expuestas, otras nuevas que garanticen vida digna tanto a los actuales residentes, como a los guerrilleros que se incorporen a la vida civil.